El Hospital Modular Panamá Solidario, ubicado en Albrook, es hoy un reflejo del abandono estatal y la falta de fiscalización sobre obras ejecutadas durante la pandemia del COVID-19. Con una inversión superior a 10 millones de dólares, esta estructura —presentada en 2020 como un “logro del Gobierno PRD” para reforzar la atención sanitaria— se encuentra actualmente rodeada de maleza, deteriorada y convertida en piquera improvisada de metrobuses.
El hospital fue inaugurado con bombos y platillos como símbolo de la capacidad de respuesta del Estado frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, tras la disminución de los casos de COVID-19, nunca llegó a utilizarse plenamente ni se le asignó un propósito posterior. Hoy, sus instalaciones permanecen cerradas, sin vigilancia ni mantenimiento, evidenciando el abandono de una infraestructura que costó millones al erario público.
Hace pocos días, diputados de la bancada de Seguimos realizaron un recorrido por el lugar para constatar su estado actual. Las imágenes mostraron el abandono total: paredes corroídas, techos oxidados y áreas verdes convertidas en monte.
“Un hospital modular de $10 millones que se encuentra abandonado en Albrook. Diputados hemos realizado un recorrido para denunciar esta situación. Mientras en muchos sectores del país la gente clama por centros hospitalarios, obras como estas quedan en el olvido”, señalaron los parlamentarios.
Durante una conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino fue cuestionado sobre la situación del hospital modular. En su lugar, respondió el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien confirmó que la estructura nunca fue utilizada correctamente y que, por razones desconocidas, pasó a manos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Agregó que los propietarios del terreno han solicitado su devolución y que el Ministerio de Salud y la Policía Nacional coordinarán la remoción del hospital para destinarlo a un uso institucional.
Ante estas declaraciones, surge la necesidad de una auditoría exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República, que determine el destino de los fondos invertidos, el manejo de los contratos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Diputados han propuesto que este caso sea parte de una investigación más amplia sobre los proyectos ejecutados durante la pandemia, donde abundan denuncias de gastos inflados y obras sin uso público real.
Mientras tanto, la estructura millonaria que alguna vez fue presentada como “símbolo de esperanza y modernidad” permanece convertida en un estacionamiento improvisado para metrobuses, símbolo hoy de la desidia y el descuido de los recursos públicos.
