En los últimos días, el nombre de Bernardo Meneses ha ocupado titulares y minutos de televisión. No por ostentar lujos, ni por aparecer en listas de millonarios, sino por haber sido señalado como protagonista de uno de los supuestos casos más graves de enriquecimiento ilícito en la historia reciente del país. La acusación, alimentada por declaraciones oficiales y amplificada por ciertos medios, parece sostenerse en una montaña de transferencias electrónicas. Pagos de 30, 50 y 100 dólares enviados a iglesias, colegios, vecinos y colaboradores eventuales.

En un país marcado por escándalos de corrupción multimillonarios —con fondos desviados a cuentas offshore, maletines, testaferros y contratos fantasmas— resulta llamativo que este caso, basado en movimientos trazables por Yappy, Banca Móvil y ACH, haya generado tanto revuelo. La paradoja es evidente: no hay casas de playa, yates, autos de lujo ni cuentas ocultas. Meneses vive en Arraiján y está a punto de perder su vivienda ante un proceso de expropiación iniciado por la Caja de Ahorros.

Más allá del personaje, este caso expone una inquietante tendencia: la criminalización de quienes participan en lo público sin contar con apellidos pesados, padrinos influyentes o el blindaje que otorgan ciertos círculos de poder. En Panamá, parecería que no es lo mismo donar o ayudar si no se pertenece al “club de siempre”.

Durante años, auditores han rastreado sus cuentas, transacción por transacción, construyendo una narrativa que se apoya más en hojas de cálculo que en pruebas de opulencia. Como si mover dinero propio —de manera legal y visible— fuera motivo suficiente para levantar sospechas… siempre que quien lo haga no tenga los contactos adecuados.

En un país con profundas brechas sociales y un acceso desigual a la justicia, este caso deja sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Dónde está la riqueza del supuesto millonario, y por qué está a punto de perder su casa?