Panamá Ports Company (PPC) presentó la primera demanda contra el Estado panameño luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley de 1997 mediante la cual se otorgó la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Hutchison Ports.
La acción legal surge como consecuencia directa de la decisión del máximo tribunal, que dejó sin efecto el marco jurídico que sustentaba la concesión portuaria, abriendo un nuevo capítulo en el proceso legal y administrativo relacionado con la operación de estos puertos estratégicos para el país.
