«Solicitamos que las autoridades revisen el caso con objetividad y transparencia», dijo Padilla.

Las investigaciones que enfrenta el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por presuntos hechos de corrupción han reactivado señalamientos sobre posibles irregularidades dentro del sistema judicial panameño y su impacto en procesos vinculados a inversionistas extranjeros.

Uno de los casos expuestos es el de un empresario mexicano, representado por el abogado Salvador Padilla Estrada, quien desde 2019 mantiene un proceso judicial en Panamá que ha derivado en la retención de sus cuentas bancarias, bienes y vehículos, sin que hasta la fecha se haya concretado una imputación formal.

De acuerdo con la defensa, el proceso ha estado marcado por presuntas irregularidades, entre ellas decisiones contradictorias, prolongación de medidas patrimoniales y posibles presiones indebidas. En 2022, un juez de garantías rechazó la solicitud de imputación del Ministerio Público por falta de elementos suficientes; sin embargo, las medidas cautelares se mantienen vigentes.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios dentro del sistema judicial, así como sobre la posible existencia de prácticas estructurales que habrían incidido en el manejo de este tipo de procesos.

La defensa sostiene que la permanencia de estas medidas, luego de varios años sin avances sustanciales, podría resultar desproporcionada y afectar principios fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica.

En este contexto, juristas consideran que las investigaciones actuales representan una oportunidad para revisar a fondo estos casos, fortalecer la transparencia institucional y garantizar que la justicia opere sin presiones ni interferencias, especialmente en procesos que impactan la confianza de inversionistas en el país.