Por Redacción Investigativa – Nueva Revolución News
Una red de desvío de fondos públicos por más de $320 millones, ejecutada entre 2021 y 2024, comienza a ser desmantelada. El Ministerio Público da el primer golpe penal en el escándalo de la “descentralización paralela” con ocho detenciones, incluyendo a exrepresentantes y tesoreros de Veraguas y Chiriquí.
La madrugada de este miércoles marcó un punto de quiebre en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años en Panamá. En una operación denominada “Operación Comunidad”, la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Policía Nacional, detuvo a ocho personas vinculadas al presunto uso indebido de fondos del Programa de Interés Social (PDIS), un mecanismo alterno de asignación de recursos a juntas comunales, duramente criticado por su opacidad y uso político.
Los hechos
Las detenciones ocurrieron en los distritos de La Mesa (Veraguas), Tolé y Dolega (Chiriquí). Fueron aprehendidos cuatro exrepresentantes y sus respectivos tesoreros o contadores. Se les investiga por el delito de peculado doloso agravado, tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), basadas en auditorías que revelan manejos irregulares en la ejecución de obras comunitarias.
“Se trata del primer paso en la ruta de la rendición de cuentas”, indicó una fuente del Ministerio Público. “El desvío de recursos no puede seguir tratándose como un tema político, cuando se ha afectado directamente a comunidades enteras que aún esperan sus proyectos de agua potable, caminos y centros de salud”.
$320 millones bajo la lupa
La estructura paralela de descentralización operó durante el periodo 2021-2024. De acuerdo con estimaciones oficiales, más de $320 millones fueron transferidos bajo este esquema, supuestamente para financiar proyectos comunitarios. Sin embargo, muchos de esos fondos nunca llegaron a las obras prometidas o presentan documentación deficiente.
La exdirectora de la AND, Roxana Méndez, confirmó la existencia de este mecanismo, indicando que los recursos eran canalizados de forma discrecional hacia gobiernos locales alineados al oficialismo del PRD, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, quien negó reiteradamente la existencia de esta estructura.
Fiscalía sigue el rastro del dinero
El Ministerio Público también investiga el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la asignación de estas partidas. Este miércoles, fiscales acudieron a la entidad para obtener más documentación sobre el flujo de recursos hacia las juntas comunales beneficiadas.
Hasta ahora, la AND ha solicitado informes a todos los municipios que recibieron fondos del PDIS. De 385 reportes entregados, varios presentan inconsistencias y han sido remitidos al Ministerio Público para su análisis.
Un caso que apenas comienza
Con ocho fiscales anticorrupción al frente, esta operación marca el inicio de lo que promete ser una investigación extensa y profunda. Las pruebas recolectadas podrían abrir nuevas líneas que involucren a actores políticos de mayor jerarquía y que amplíen el número de detenidos en las próximas semanas.
Panamá vuelve a enfrentarse a su talón de Aquiles: la corrupción institucional. Esta vez, con un caso que pone en entredicho la finalidad real de los programas de descentralización y obliga a repensar los mecanismos de fiscalización y transparencia en el uso de los fondos públicos.
Durante la tarde hoy, La Contraloría General de la República detecta $4.5 millones en hallazgos por irregularidades en 12 Juntas Comunales del interior del país.
