La denuncia surgida desde Cerro Papayo, en la Comarca Ngäbe Buglé, ha vuelto a poner en evidencia un tema que el país no puede seguir ignorando: la fragilidad institucional frente a situaciones que involucran a menores de edad.

Según trascendió en redes y testimonios comunitarios, dos agentes de la policía comarcal habrían entregado a dos niños a un residente de Cerro Pelado —presuntamente su padre— sin que la madre pudiera mantenerlos bajo su cuidado. Una actuación que, de confirmarse, choca frontalmente con los procedimientos legalmente establecidos: ninguna autoridad policial puede decidir sobre custodia, porque esa responsabilidad recae exclusivamente en los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia.

No es casual que haya sido la ciudadanía la que encendió la alarma. Un video ampliamente compartido —que muestra la profunda angustia de una menor al ser apartada de su madre— sacudió a Panamá entero. No hizo falta ser experto para reconocer que allí había algo que no estaba bien.

Frente a la presión pública, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) confirmó que actuó de inmediato, coordinando con las autoridades competentes y brindando acompañamiento a la madre. La institución aseguró que se garantizó la protección emocional y jurídica tanto de ella como de los niños.

Según lo expresado públicamente por la Licda. Lucy Córdoba, fue gracias a las unidades de la Policía de Menores, la DIJ y la Fiscalía de Niñez que finalmente se logró intervenir en la zona y asegurar el bienestar de los menores.

En medio de la indignación colectiva, surge una verdad sencilla y contundente: Los niños no entienden de procedimientos; entienden de seguridad, de afecto y de protección.

Y esa protección no puede depender del azar, de un video viral o de la presión pública. Debe ser un compromiso firme del Estado, especialmente en áreas rurales y comarcales, donde la distancia no puede ser excusa para la negligencia.