El Gobierno nacional se prepara para autorizar en las próximas horas la remoción de aproximadamente 130 mil toneladas de concentrado de cobre acumuladas en la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se encuentra ultimando la resolución que habilitará a la empresa operadora a iniciar el retiro, procesamiento y eventual exportación del material. El titular de la cartera, Julio Moltó, indicó que el documento podría ser emitido entre este lunes y martes, lo que abriría paso inmediato a las operaciones.

La decisión no ocurre en un vacío técnico. Informes recientes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) advierten que el almacenamiento prolongado del concentrado —catalogado como material de menor ley— podría derivar en impactos ambientales significativos.

Entre los riesgos más relevantes figura el potencial desarrollo de drenaje ácido de rocas (DAR), un proceso químico que puede ocurrir cuando minerales expuestos reaccionan con el aire y el agua, liberando metales hacia cuerpos hídricos superficiales y subterráneos. Esta situación ha sido señalada como uno de los factores críticos que justifican la urgencia de retirar el material.

El concentrado acumulado, cuyo valor se estima en unos 250 millones de dólares, permanece actualmente en condiciones que, según los análisis técnicos, requieren intervención para evitar posibles afectaciones ambientales a mediano plazo.

El contexto se vuelve más complejo al considerar los resultados preliminares de la auditoría integral al proyecto minero. Aunque el proceso presenta un avance superior al 80%, aún no ha concluido y mantiene importantes áreas sin evaluar.

De los 370 compromisos ambientales identificados, menos de la mitad han sido analizados, mientras que más de 200 siguen pendientes de revisión y validación documental. Esta situación plantea interrogantes sobre el nivel real de cumplimiento ambiental del proyecto.

El informe final, previsto para mayo, deberá incluir un análisis consolidado de hallazgos, riesgos y niveles de cumplimiento, elementos que serán determinantes para definir el futuro de la operación minera.

La situación del concentrado se enmarca dentro de un escenario más amplio: la concesión minera permanece suspendida desde noviembre de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato.

En este contexto, la auditoría integral se convierte en un insumo clave para la toma de decisiones del Estado, tanto en relación con el manejo inmediato del material almacenado como con el destino final del proyecto.