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Promulgan decreto que norma expedición de Certificados de Acreditación de Suelo en Áreas Protegidas.

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Según el decreto, estas certificaciones no podrán ser emitidas en zonas de conservación, protección absoluta, recuperación, y patrimonio forestal del Estado.

Este miércoles fue promulgado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 141 que establece el “procedimiento especial de expedición de Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas“.

Se trata de certificados que reconoce los derechos de uso de suelo que tienen los poseedores por el aprovechamiento legítimo y continuo de un bien inmueble anterior a la creación del área.

El documento, compuesto de 17 artículos, establece un “procedimiento especial” para quienes demuestren su establecimiento dentro del área protegida antes de su creación, “sin menoscabar la integridad de los ecosistemas y otros valores que hayan provocado la designación de las áreas protegidas”.

Indica que estas certificaciones no podrán ser emitidas en zonas de conservación, protección absoluta, zonas de recuperación, bosques de galería, humedales, y patrimonio forestal del Estado.

Para iniciar el proceso de certificación, la persona interesada deberá presentar una solicitud ante la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), y presentar o aducir las pruebas de su posesión del terreno anterior a la declaración de área protegida. Posteriormente, la Anati evaluará la documentación y ordenará el saneamiento de lo que corresponda.

“De hallarse la documentación en debida forma, se dictará una resolución de admisión de la solicitud, la cual será notificada a los colindantes a través de un edicto por un periodo de 15 días hábiles”, establece el decreto.

Tras esto, la Anati enviará al Ministerio de Ambiente una copia de lo actuado y se practicará una inspección ocular para evaluar y validar la información presentada y el plano. Realizada la inspección MiAmbiente certificará o no, si es viable la solicitud, y de ser así, indicará la cantidad de superficie en uso dentro del área protegida, según las normas que rigen el área específica.

Activistas ambientales rechazaron esta certificación y lo calificaron como un retroceso.