Con un recorte de 6 millones 458 mil 277 dólares, la Defensoría del Pueblo tendrá para el período fiscal 2022 un presupuesto de  5 millones 812 mil 349 dólares, de acuerdo a la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para continuar atendiendo las necesidades de todos los habitantes del país en materia de derechos humanos, la promoción de éstos en los grupos vulnerables, así como seguir fortaleciendo la imagen de Panamá, como un país respetuoso de los derechos humanos.
 
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el presupuesto destacando que con el actual presupuesto del 2021 y el propuesto para el 2022 por el MEF, la entidad rectora de los derechos humanos, sólo logra invertir 0.03 centavos por panameño, por ello urge un presupuesto robusto que permita a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), proteger, defender y promover los derechos humanos tal como lo expresa la Ley N°7 de 1997 por la cual se crea la Defensoría del Pueblo.
 
Se debe destacar que el actual presupuesto sugerido o propuesto por el MEF es una cifra menor a lo otorgado hace 10 años en el 2002 y hace un año en septiembre 2020, por lo que la Defensoría del Pueblo había mostrado su preocupación por lo asignado al 2021 que “dejaría muy limitada a la institución”.
 
“Por más de una década la INDH de Panamá, ha mantenido el mismo presupuesto lo que ha impedido que se cumpla con los Principios de París, las cuales establecen que éstas deberán tener financiación suficiente para mantener sus propios locales y su propio personal a fin de lograr la autonomía respecto al Estado, ya que una INDH que no pueda ser independiente, no puede ser eficaz”, destacó el Ombudsman.
 
Leblanc indicó que para el 2022 solicitó 650 mil 500 dólares para el renglón de inversión, para la implementación de ocho proyectos, sin embargo quedó reducido por el recorte presupuestario a 177 mil 108 dólares, dejando cero recursos para la apertura de dos nuevas sedes: una en Paso Canoas, provincia de Chiriquí y la otra en la ciudad de Buäbtí en Llano Tugrí, Comarca Ngäbe Buglé, regiones que requieren un acompañamiento permanente de delegados de derechos humanos; igualmente el Centro de Capacitación Integral en Derechos Humanos y el proyecto de Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención, no se podrán ejecutar.
 
Actualmente el 75 % de la flota vehicular se encuentra en mal estado y a pesar de las limitaciones económicas “mantenemos la mediación en 12 temas diferentes a nivel nacional para restaurar los derechos de personas o colectivos.
 
Se ha incrementado en un 332 % los trámites de la Defensoría en comparación con los años 2019 y 2020 en el periodo de enero a julio, indicó el defensor.
 
Además, “tenemos contemplado para el 2022, implementar la Oficina de Denuncia Móvil, abrir una sede en el distrito de Pinogana, provincia de Darién, así como el equipamiento y adquisición de vehículos terrestres y acuáticos para continuar vigilando el respeto de los derechos humanos”, subrayó el Ombudsman.
 
Este lunes 30 de agosto la Defensoría del Pueblo, sustentó su presupuesto para el año 2022, en la Asamblea Nacional de Diputados.