El Ministerio de Educación, en estos 3 años de gestión, desarrolló avances significativos en el impulso de 5 leyes como parte del compromiso con políticas educativas, dirigidas a implementar planes y programas que puedan transformar el sistema y proporcionar a los estudiantes una educación de calidad.
Para promover la implementación de los programas de bachillerato internacional en los centros educativos oficiales y particulares, como una alternativa que brinde oportunidades de formación de alto nivel para los estudiantes del país, se sancionó la Ley N° 236 de 3 de septiembre de 2021.
El 13 de octubre de 2021, se sancionó la Ley N° 245 que crea y se regula la educación en casa. Con ella se establece la enseñanza en el hogar, a través de diferentes modalidades educativas a distancia para el primer y segundo nivel de enseñanza. Esta normativa indica que esa educación no será obligatoria, sino una opción para aquellos alumnos cuyos padres cumplan con los requisitos establecidos.
También se estableció la Ley N° 288 de 10 de marzo de 2022, en que se crea la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, en Llano Tugrí, como un centro de educación superior oficial en la comarca Ngäbe Buglé, con autonomía, personería jurídica y patrimonio propio, con facultad para administrarlo y para organizar sus planes y programas de estudio, investigación y servicios.
De igual manera, se sancionó la Ley N° 294 de 6 de abril de 2022, que establece lineamientos generales para la formulación, desarrollo e implementación de políticas públicas educativas dirigidas a aumentar la equidad en el sistema educativo, a través de la implementación pertinente de diversos modelos de enseñanza-aprendizaje, que incluye las modalidades flexibles, mediante la transformación tecnológica.
Para el primer semestre de este año también entró en vigencia la Ley N° 302 de 31 de mayo de 2022, en el que se establece el programa de formación en materia de educación sexual y afectiva, con el fin de proteger a los niños y adolescentes en los embarazos precoces, las infecciones de transmisión sexual y delitos sexuales.
Las políticas públicas educativas son objetivos estratégicos de larga duración, sostenibles en el tiempo, con proyectos y planes de acción debidamente formulados y planificados para proveer una educación de calidad, equitativa, incluyente y humana, con indicadores para medir los efectos.
