El derecho de la ciudadanía de elegir libremente bienes y servicios de calidad está, una vez más, en riesgo de ser coartado ante una propuesta para reglamentar el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y la comunicación (transporte de lujo TIC), por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT).
Raúl Molina, Presidente y representante legal de la ACL, aseguró que la ATTT circula un borrador inconsulto que pretende que las concesionarias, verdaderas organizaciones clientelares del transporte público, sean quienes regulen el transporte de lujo TIC, lo que afectaría el derecho a elegir del consumidor, con el fin de defender intereses la corrupción clientelar existente en la ATTT a través del sistema de cupos otorgados a las Concesionarias.
Es importante recordar que la modalidad de transporte de lujo TIC, se encuentra debidamente regulado desde el año 2017 bajo el Decreto Ejecutivo 331, y que, gracias a una acción de la ACL, su legalidad se confirmó mediante Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del día 3 de julio de 2020. En ese fallo, la Corte a su vez rechazó un recurso interpuesto por la CANATRA y declaró inconstitucional cualquier tipo de restricción geográfica, de igual manera, fue clara en cuanto al derecho a elegir de los consumidores el pago en efectivo.
Queda claro que este proyecto de la ATTT no es más que un intento por imponer el disfuncional sistema de Concesionarias en este tipo de transporte, toda vez que el fallo de la Corte les quita el negocio de los cupos, zarpes y otras prebendas que graciosamente les otorga el Estado en detrimento de los intereses de los Consumidores. Esto ha llevado a, entre otras cosas, que en la Ciudad de Panamá no exista el transporte selectivo, ya que el sistema de taxis de “no voy” o “te llevo con otros pasajeros” es el que predomina (un sistema colectivo). Con este proyecto se pretende que los prestatarios del servicio de transporte de lujo TIC, requerirían el aval de una Concesionaria. De igual forma, intentan traer nuevamente a la discusión temas ya superados como la fijación de precio aumentada, que atenta contra la libre oferta para los consumidores. Encima, pretenden controlar la oferta del servicio porque las Concesionarias mafiosas definirían la ¨necesidad del servicio¨.
Según el Presidente de ACL, este proyecto de reglamentación favorece a un grupo pequeño de Concesionarias y va en contra de los intereses de los usuarios, ya que se vulneran sus derechos como consumidores y a su vez abre la puerta a la monopolización en un mercado que, gracias a la existencia de las plataformas tecnológicas, ha venido a ser cada vez más moderno, competitivo y accesible para los consumidores, quitándole poder al clientelismo consuetudinario del sector.
La ACL solicita que se descarte este borrador que pretende normar un servicio que ya se encuentra regulado. Además, ninguna mesa de diálogo es transparente sin que la razón de ser de la regulación: los usuarios, estemos en el centro de la misma.
