La Contraloría General de la República continúa realizando auditorías de cumplimiento a contratos que mantiene el Estado con operadores portuarios, en esta ocasión el examen se realizó al Contrato A-2017-12, del 17 de mayo de 2013, suscrito entre el Estado y  Panama Canal Colon Ports o Panama Colon Container Ports, (PCCP);  según su nombre actual, ubicado en Isla Margarita de Colón y  aprobado por la ley 43 de 18 de junio de 2013, evidenciándose  el incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas:  

La cláusula tercera – inversión, estableció un monto total de B/. 593,962,330 de los cuales B/.300,900,000 corresponden a la construcción de tres muelles y B/.293,062,330 referente a otras actividades, a la fecha de acuerdo a la inspección en campo de la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría y documentación aportada por la Autoridad Marítima de Panamá, se ha constatado que la inversión real de la empresa se estima en  B/.104, 203,183.70, lo que representa solo un 16,6% de la inversión total o un incumplimiento de 83.4%.
 
Respecto a la cláusula  cuarta –  canon y tarifas, a abril de 2021 la empresa debió pagar B/. 2, 858,019,71, en concepto de pago de cada metro cuadrado de fondo de mar otorgado en concesión, sin embargo, a la fecha el Estado panameño solo ha percibido: B/.1,845,100.54, manteniendo un saldo pendiente de B/.1,012,919.17 que representa un 35.4% que ha dejado de percibir el Estado panameño en este concepto. El último pago evidenciado por la empresa corresponde a la facturación de diciembre de 2018.
 
Además, este incumplimiento ha causado que el Estado deje de percibir la tarifa  por movimiento de contenedores y su impuesto sobre la renta,  muellaje, fondeo, faros y bollas.
 
La cláusula duodécima – empleos, mediante la cual, la empresa PCCP, se obligaba a contratar al menos 800 empleos directos a ciudadanos panameños en la etapa de construcción que ya debió haber concluido, ha sido incumplida por cuanto solo hay estimación de relaciones laborales con 355 personas, esto representa un incumplimiento de 55.6%. Del mismo modo, el incumplimiento con la obligación de iniciar operaciones completamente a partir de este mes de junio, imposibilita la generación de empleos en la parte operativa proyectada a 1,000 contratos laborales.

La Contraloría reitera a los otros concesionarios de operaciones portuarias que está en revisión de todas las concesiones para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y los mejores beneficios para el Estado panameño.