Defensoría del Pueblo informa a la ciudadanía que no ha podido comprobar la vulneración al Derecho a la Salud, Dignidad Humana, Discriminación y Derecho de Petición de las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava y comunidades indígenas adyacentes de la Provincia de Bocas del Toro, dado que no existen elementos concluyentes en esta investigación que comprueben la práctica de una esterilización forzada de parte de funcionarios de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud.
 
Comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo activó en el mes de febrero una comisión especial para llegar a la realidad material; trasladándose con un equipo interdisciplinario a Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro, a investigar los hechos denunciados.

Durante la investigación, la Defensoría hizo llamados reiterativos ofreciendo el servicio de exámenes de ultrasonido para corroborar la práctica de procedimientos de salpingectomía, sin embargo, hasta la fecha no ha acudido ninguna mujer para recibir dicha atención.

Además, según respuesta de las instituciones de salud, los procedimientos de salpingectomía realizados de 2019 a 2021, en los dos casos de mujeres procedentes de la Comunidad de Charco La Pava, hubo consentimiento informado, de acuerdo a la firma estampada de las mismas.

Instamos al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social a realizar jornadas de consejerías comunitarias a mujeres originarias, incluyendo a las de la etnia ngäbe buglé, para explicarles en qué consiste el procedimiento de salpingectomía y sus efectos irreversibles, a cargo de funcionarios originarios que puedan explicar estos procedimientos en su lengua nativa.

 El informe sobre las supuestas esterilizaciones sin consentimiento de alrededor 30 páginas, está disponible en la sección de informes especiales de la página web de la Defensoría del Pueblo www.defensoría.gob.pa