Hace ocho meses, Ferrufino tomó la decisión de entregarse voluntariamente a las autoridades. En ese momento, dejó claro en sus redes sociales que sus casos estaban plagados de inconsistencias y violaciones al procedimiento legal. Sin embargo, la narrativa mediática dominante ha preferido enfocarse en su relación política con Ricardo Martinelli en lugar de examinar con seriedad las irregularidades del proceso. Aún más cuestionable es la condena impuesta a su esposa, quien ni siquiera formó parte del gobierno, sin pruebas contundentes que justifiquen su culpabilidad.
Un patrón de irregularidades
Para entender la dimensión de este caso, es fundamental analizar los procesos que han llevado a Ferrufino a enfrentar múltiples condenas por presunto enriquecimiento injustificado y peculado en diversas modalidades (compra de vehículos, helicópteros y adquisición de granos).
Todas las acusaciones tienen un elemento en común: las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República bajo la instrucción del entonces contralor Federico Humbert. Pero estas auditorías, lejos de ser documentos técnicos incuestionables, presentan vicios de procedimiento que afectan la validez de las sentencias.
- Falta de testimonios directos: Ningún funcionario, empresario o ciudadano ha señalado directamente a Ferrufino como responsable de los delitos que la Contraloría le atribuye.
- Doble juzgamiento y contradicciones: En dos procesos distintos (compra de camioneta y enriquecimiento ilícito) se utilizó la misma auditoría como prueba principal, lo que vulnera principios básicos del derecho.
- Manipulación del proceso: Se anuló una auditoría previa, ordenada por la excontralora Gioconda Bianchini, sin que existiera justificación clara, y se inició una nueva sin trazabilidad documental.
- Incongruencias entre la Contraloría y el Ministerio Público: Mientras la Contraloría afirmó que inició las auditorías a raíz de denuncias de la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales a cargo sostienen lo contrario: que investigaron a petición de la Contraloría.
Además, el caso de Milena Vallarino, mencionada en el expediente sin haber sido notificada ni haber tenido oportunidad de defenderse, es otro claro ejemplo de las fallas en el proceso.
Un fallo que marca un precedente
En esta nueva sentencia de marzo de 2025, el Tribunal ha dado un giro en la evaluación de los informes de auditoría, reconociendo que:
“El Informe de Auditoría no es firme, es dudoso e incierto debido a la falta de información que no fue objeto de análisis y en ese sentido, surge el pronunciamiento del juzgado al emitir una Sentencia Absolutoria.” (Página 26, Sentencia del 18 de marzo de 2025)
Esto deja en evidencia que las auditorías utilizadas para fundamentar condenas anteriores podrían no haber sido más que herramientas cuestionables dentro de un proceso politizado.
El impacto de un fallo irregular
Más allá de Ferrufino, este caso representa un problema mayor dentro del sistema de justicia panameño. Si se permiten sentencias basadas en auditorías inconsistentes, sin pruebas concretas ni debido proceso, cualquier persona puede ser condenada con base en procedimientos irregulares.
La justicia debe ser ciega, pero no sorda ante las evidencias ni muda ante las injusticias. Si se quiere recuperar la confianza en el sistema judicial, es fundamental que los tribunales revisen estas decisiones con la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales que exigen la ley y la Constitución.
Es momento de que el país se pregunte: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que la justicia se use como un arma política?
