En diferentes asuntos críticos de nuestro desarrollo social y económico, los panameños estamos pagando un alto precio como resultado de la inacción de la Administración gubernamental que está por terminar. 

Porque si algo demostró el Gobierno saliente fue una alarmante irresponsabilidad y falta de valentía en la toma de decisiones sobre temas críticos que afectan el bienestar y el futuro del país. 

La gestión de la Caja del Seguro Social (CSS) y su Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es un claro ejemplo de la incapacidad de esta Administración para enfrentar desafíos estructurales. En lugar de enfrentar el déficit del flujo de caja del Subprograma de Beneficio Definido del IVM, se optó por la inacción, dejando a cientos de miles de panameños en la incertidumbre sobre el pago de sus jubilaciones y pensiones. Claramente, se trata de un tema complicado, ¿pero acaso no lo son todos los asuntos del Estado sobre los que es necesario tomar acciones?

La reforma del sistema educativo es otra área donde el Gobierno Nacional falló. El cacareado concepto de la Educación como “La Estrella” no pasó de ser otra artimaña de campaña, prontamente abandonada. En lugar de implementar cambios necesarios para mejorar la calidad de la educación y preparar a nuestros jóvenes para un futuro competitivo, se permitió que el sistema educativo se deteriorara aún más, siendo Panamá uno de los países que inexcusablemente mantuvo el cierre más largo de su sistema escolar durante la pandemia, condenando a las presentes y próximas generaciones a una educación deficiente y limitada.

El manejo de los residuos sólidos ha desmejorado significativamente, con la recolección de basura en un estado paupérrimo. Este problema, que afecta directamente la salud pública, la calidad de vida y nuestra imagen hacia los turistas, ha sido ignorado sistemáticamente, dejando a las comunidades en condiciones insalubres y deterioradas.

La falta de valentía para emprender las necesarias reformas constitucionales es otro punto crítico. En lugar de enfrentar los desafíos estructurales y modernizar el marco constitucional, el Gobierno saliente prefirió mantener el statu quo, incumpliendo nuevamente sus promesas, demostrando falta de visión, y coraje político, ignorando la urgente necesidad de reforzar nuestra tan deteriorada institucionalidad.

En cuanto a las necesidades de agua tanto para la población como para diferentes actividades económicas y el Canal de Panamá, esta Administración también “escurrió el bulto” con una total falta de atención ante la urgente necesidad de nuevas fuentes de agua. Esta falta de previsión y acción ha puesto en riesgo la operación del Canal de Panamá, con repercusiones económicas severas.

El deterioro de las infraestructuras públicas no solo se profundizó, sino que la ejecución de obras críticas como el Cuarto Puente sobre el Canal y el Corredor de las Playas se retrasaron sin justificación alguna.

Igualmente, la confianza, la autoridad y el respeto hacia las instituciones están en su punto más bajo. La transparencia y la administración de los fondos públicos (como ocurrió con la Descentralización, el IFARHU, la UNACHI, o el Presupuesto General del Estado) han retrocedido significativamente. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, que históricamente actuaban como barreras contra la politiquería y la corrupción, se han convertido en parte activa del problema, sumergidas en prácticas poco transparentes y politizadas.

A ello sumamos la situación crítica en que quedan las finanzas públicas, con alto endeudamiento, habiendo perdido el grado de inversión con una de las calificadoras de riesgo, y con una perspectiva realmente preocupante. 

Por otro lado, presentar el manejo de la pandemia como un gran logro del Gobierno es una muestra de la deriva en que terminó esta Administración. Si bien la gestión de la crisis sanitaria fue crucial, presentarlo como el principal éxito del Gobierno revela una alarmante falta de resultados sustantivos en otras áreas críticas. La pandemia, un hecho fortuito y global, se ha convertido en la excusa perfecta para la inacción y la falta de logros tangibles que presentar al Pueblo Panameño.

En conclusión, el Gobierno saliente ha dejado un legado de indolencia y falta de responsabilidad en la toma de decisiones. Las áreas críticas mencionadas reflejan una Administración que prefirió el cálculo político sobre el coraje y la visión necesarias para enfrentar los desafíos de Panamá. Es imperativo que las próximas Autoridades aprendan de estos errores y tengan la valentía de hacer los cambios necesarios para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos los panameños.