El Gobierno Nacional anunció, este lunes, su primera línea de acción para la adquisición de una vacuna segura contra la COVID-19, en reunión con representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales.
En nombre del equipo de Gobierno que trabaja en el diseño de esta estrategia, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, indicó que la primera condición para esta adquisición es que se trate de una vacuna debidamente testada y autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y dijo que hasta la fecha ninguna ha pasado por esas etapas.
También se explicó que mientras la comunidad científica trabaja en varios estudios para el desarrollo de esta vacuna, Panamá se adhirió a un mecanismo regional denominado COVAX, creado por la OMS y en el que también participa la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para garantizar el acceso equitativo a una vacuna que funcione.
Un equipo de profesionales, científicos, epidemiólogos y virólogos, en su mayoría panameños, radicados en el exterior y con una vasta experiencia en la materia, ha brindado su valiosa contribución para identificar las casas farmacéuticas que han logrado avanzar con sus estudios hasta las fases II o III.
Un papel importante es el que ha jugado la Cancillería, a través del Servicio Exterior, logrando acercamientos al más alto nivel con 14 casas farmacéuticas y Gobiernos que patrocinan estos estudios para asegurar cierta cantidad de dosis, cuando hayan pasado por la aprobación de la OMS.
Además de las medidas presupuestarias exigidas para garantizarle al país el acceso a un número determinado de vacunas, Itzel de Hewitt, directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), indicó que la OPS establece cuáles son los grupos de mayor riesgo que deben recibir la vacuna en una primera fase: los trabajadores de la salud y los mayores de 60 años; y, en una segunda remesa, los pacientes de enfermedades crónicas y los estamentos de seguridad pública.
En Panamá, datos estadísticos de autoridades de salud estiman que un 28% de la población total constituye ese grupo de personas más expuestas y de mayor riesgo ante el virus, con 42 mil trabajadores de la salud y 585 mil adultos mayores de 60 años, 85 mil miembros de los estamentos de seguridad y cerca de 400 mil personas con enfermedades crónicas.
En esta fase también se incluye a los pacientes con enfermedades crónicas, que de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud (MINSA), son alrededor de 400 mil personas, y grupos esenciales como los estamentos de seguridad, bomberos y protección civil.
Igualmente, se explicó que la etapa será liderada por el Programa Ampliado de Inmunización del MINSA, y arrancará cuando la vacuna haya pasado los debidos controles de licencia y autorización que demuestren su efectividad y seguridad.
El MINSA trabajará en la adecuación y el fortalecimiento de la cadena de frío para recibir y distribuir la vacuna, que deberá cumplir los estándares sanitarios y regulatorios de la Dirección de Farmacia y Drogas, e implementados por el Programa Ampliado de Inmunización.
En el encuentro, que tuvo lugar en el Anfiteatro de la Presidencia de la República, estuvieron presentes representantes del equipo que asesora al Gobierno en las negociaciones para adquirir la vacuna, entre ellos el ministro y la viceministra de Salud, Francisco Sucre e Ivette Berrío, respectivamente; la ministra Consejera para Asuntos de Salud, Eyra Ruiz; el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao; y la directora del Programa Ampliado de Inmunización del MINSA, Itzel de Hewitt.
También participaron el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, José Miguel Pascale; el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza; y el asesor del Consorcio de Vacunas, Eduardo Ortega.
