El proceso judicial seguido contra Guillermo Ferrufino y Milena Vallarino ha generado un profundo debate en el ámbito jurídico panameño. Varios expertos en derecho han señalado que la condena por supuesto enriquecimiento ilícito está plagada de vicios procesales que socavan los principios fundamentales de un juicio justo y el debido proceso.
Uno de los puntos centrales que destacan los juristas es la propia tipificación del delito por el cual se les condenó. El enriquecimiento ilícito es una figura penal que requiere, como condición indispensable, la existencia de una auditoría de la Contraloría General de la República que determine la existencia de fondos no justificados. Sin embargo, el proceso que dio origen a esta causa estuvo marcado por una serie de inconsistencias que ponen en duda su validez.
La Resolución Núm.31-2015, que ordenó la auditoría en contra de Ferrufino, fue emitida el 19 de enero de 2015 por la Contraloría General. Sin embargo, esta resolución arrastraba antecedentes problemáticos. Días antes, el 13 de enero de 2015, la misma Contraloría había emitido la Resolución Núm.16-Leg, en la que declaraba la nulidad absoluta de la Resolución Núm.649-2014-DINAG, que había ordenado una auditoría previa. La nulidad se basaba en la ausencia de prueba sumaria que justificara la investigación, lo que significa que el caso ni siquiera debió ser admitido.
“La inexistencia de prueba sumaria que fundamente una denuncia de enriquecimiento ilícito constituye una violación al debido proceso y a las garantías constitucionales”, expresó un experto penalista consultado. “Sin una auditoría válida, el Ministerio Público no tenía fundamento legal para iniciar la investigación”.
Otro de los aspectos controversiales del fallo es la acusación en contra de Milena Vallarino de Ferrufino, a quien se le imputó el rol de “interpuesta persona” para la supuesta ocultación de bienes de su esposo. Según la sentencia, su rol como cónyuge fue utilizado para disimular el origen de ciertos activos, lo que la convierte en coautora del delito de enriquecimiento injustificado.
Sin embargo, los expertos sostienen que esta acusación carece de sustento legal. El Código de Familia de Panamá, en su artículo 84, permite expresamente la transferencia de bienes entre cónyuges, lo que significa que los actos patrimoniales entre Ferrufino y Vallarino estaban dentro del marco legal. “Lo que es legal en una rama del derecho no puede ser ilegal en otra”, afirmó un abogado constitucionalista. “La jueza ignoró el derecho de familia para encajar a la fuerza una teoría penal infundada”.
Otro de los aspectos que pone en entredicho la sentencia es el origen de los bienes que la jueza consideró como producto de enriquecimiento ilícito. La defensa de Ferrufino ha sostenido que gran parte de los fondos provienen de la venta de una finca en La Chorrera, propiedad heredada de su padre, Guillermo Ferrufino Castellano. Además, se documentó que Ferrufino obtuvo préstamos de la empresa de Fotys Lymberopulos, con quien mantenía una relación comercial de larga data.
“La jueza de primera instancia menciona reiteradamente la relación entre Ferrufino y Lymberopulos como si fuera un indicio de ilicitud, cuando en realidad es una relación comercial legítima que data de años antes de que Ferrufino ocupara un cargo público”, comentó un analista de litigios penales. “Esta criminalización de los vínculos comerciales es altamente preocupante”.
El caso Ferrufino no es solo un ejemplo de cómo se puede torcer la justicia con decisiones fundamentadas en interpretaciones erróneas del derecho, sino que sienta un peligroso precedente para la persecución política a través del sistema judicial. La condena se basa en pruebas que los expertos consideran insuficientes y en una construcción jurídica que contradice principios básicos del derecho penal y del debido proceso.
“El derecho penal debe ser interpretado de manera restrictiva, no extensiva. No se puede forzar una condena sin pruebas claras y sin respetar las garantías procesales”, concluyó un jurista. “Este caso debe revisarse a fondo para evitar que la justicia sea utilizada como un arma de persecución”.
A medida que este proceso avanza hacia instancias superiores, la comunidad jurídica sigue atenta. Lo que está en juego no es solo la libertad de Ferrufino y Vallarino, sino la credibilidad del sistema judicial panameño y el respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
