Diputados reaccionan ante las declaraciones del contralor general sobre pagos de Panama Port Company.

El contrato entre el Estado Panameño y la empresa Panamá Ports Company continúa envuelto en un manto de opacidad e incertidumbre. A pesar de las alarmantes denuncias y las serias inquietudes sobre el incumplimiento de pagos, el excontralor Gerardo Solís optó por mantener un silencio absoluto tras realizar, en 2023, una auditoría que nunca vio la luz pública. Esta auditoría, crucial para esclarecer el destino de los pagos que la empresa portuaria debía al Estado, fue oculta a la ciudadanía, sin rendición de cuentas ni explicaciones sobre las posibles irregularidades encontradas.

El presunto incumplimiento de Panamá Ports Company en sus pagos anuales de $22 millones ha quedado en el aire, mientras las finanzas públicas de Panamá siguen siendo afectadas por una deuda que ya alcanza los $35 millones, sin justificación ni respuestas claras. Ante este panorama, la pregunta que persiste es: ¿Por qué Gerardo Solís, como Contralor, no actuó en defensa de los intereses del pueblo panameño?

El misterio no termina ahí. En medio de este silencio, el gobierno renueva el contrato con Panamá Ports Company, pero de manera totalmente opaca. La falta de transparencia, el nulo debate público y la evidente ausencia de control social sobre el proceso de renovación abren nuevas interrogantes. ¿Cuándo se renovó realmente el acuerdo? ¿Qué negociaciones ocurrieron detrás de puertas cerradas? Y, lo más importante, ¿quiénes estuvieron realmente detrás de esta jugada, ocultando la información clave al pueblo panameño?

Durante un reciente pleno de la Asamblea Nacional, las declaraciones del actual Contralor General de la República, Anel Flores, generaron una fuerte polémica al abordar el tema de las auditorías a Panamá Ports Company. En sus declaraciones, Flores no solo confirmó la existencia de pagos pendientes, sino que también dejó claro que la empresa portuaria ha incumplido con el pago de $22 millones anuales, una obligación que no ha cumplido durante varios años. Además, señaló que la empresa aún adeuda una suma de $35 millones, una deuda que sigue sin ser justificada ante las autoridades del Estado.

La situación es insostenible, y los panameños exigen respuestas. El contrato con Panamá Ports Company, que sigue siendo una sombra de duda y falta de claridad, debe ser analizado a fondo. El pueblo panameño tiene el derecho de saber por qué sus intereses están siendo vulnerados, por qué se ocultan auditorías y qué sucederá con la deuda multimillonaria que sigue sin resolverse.

El silencio ya no es una opción. La transparencia y la rendición de cuentas son urgentes, y los responsables de esta falta de acción no pueden continuar ocultando la verdad detrás de puertas cerradas.