El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional dos artículos de la Ley 37 de 2009, referentes a las licencias con sueldo a alcaldes y representantes de corregimiento, lo que ha permitido que, en la práctica, estos funcionarios reciban doble salario del Estado.
El artículo 72 y el artículo 83 de la ley que descentraliza la administración pública, que indica que el representante de corregimiento y su suplente, y el alcalde y vicealcalde que resultaron electos, respectivamente, “gozarán de licencia con sueldo en el cargo público, no podrán ser despedidos y el tiempo de licencia le será reconocido para jubilación, sobresueldo o cualquier otro beneficio. En el caso de laborar en la empresa privada gozarán de licencia”.
En una nota enviada a la Corte, el 21 de octubre pasado, González señala que ambos artículos “representan un fuero o un privilegio para las personas que ocupan un cargo público, pues se beneficiarán con una licencia con sueldo, en detrimento de aquellas que provienen de la empresa privada a quienes le corresponde una licencia sin sueldo”.
Agregó que las frase “con sueldo”, contenida en los artículos 72 y 83 de la Ley 37 de 2009, son infractores del artículo 19 de la Constitución, que señala que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
