La Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre la misión humanitaria que realizó en el corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí en Colombia, en donde presenta a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública de Panamá, sus recomendaciones a implementar ante la masiva migración por la provincia de Darién.
 
En sus recomendaciones la defensoría insta a las autoridades panameñas a mantener una coordinación en la información constante y detallada que cumpla en tiempo y espacio con la respectiva movilización de la población migrante, la cual conste con el nombre completo de la persona, número de pasaporte, edad, sexo, país de origen; es decir un intercambio de información con los demás Estados que forman parte de los países que son ruta obligada de ésta movilización.
 
Además, sugiere a las autoridades formalizar acuerdos con el gobierno de Colombia y de Costa Rica para delimitar la cantidad de personas que serán trasladadas de un país a otro, por día, para evitar el colapso de las comunidades de tránsito, así como de la capacidad de respuesta del gobierno.
 
Asimismo, pide a las autoridades del Gobierno de Panamá, considerar nuevas rutas seguras para la circulación de las personas en movilidad humana, a fin de evitar a toda costa el paso por la selva del Darién.
 
La entidad rectora de Derechos Humanos, solicita erradicar las organizaciones criminales, los cuales se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes; así como redoblar los esfuerzos interinstitucionales a favor de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
 
El documento también presenta la necesidad de coordinar con los países de origen, así como en los puertos de embarque de Colombia, iniciar una campaña de sensibilización y concientización en las poblaciones migrantes, para darles a conocer los riesgos que se enfrentan al realizar movimientos migratorios al margen de las leyes de los países de tránsito y acogida.
 
El informe destaca que hay que seguir aunando esfuerzos en la aplicación de los convenios, tratados y/o memorandos de entendimiento que han sido suscritos por Panamá.
 
“Vemos la oportunidad de liderar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la implementación de un mecanismo que coadyuve a coordinar el éxodo migratorio, tal cual se consideró en el momento de la masiva migración desde Venezuela, lo cual trajo como consecuencia la creación del Proceso de Quito, donde Panamá es signatario”, señala la nota.
 
La Defensoría considera oportuno la creación y el fortalecimiento de la infraestructura para el agua potable, manejo correcto para aguas residuales, luz eléctrica, acceso a la salud, entre otros, en las comunidades que reciben en tránsito a las personas en movilidad humana, en vista de la obligatoriedad que como país mantenemos tanto por los Convenios y Tratados suscritos.
 
En el informe la defensoría pidió la solidaridad y respeto a la integridad de las personas migrantes que consideraron que con dicha movilización podrán alcanzar la realización que todo ser humano merece, aunado a que ésta situación continuará a largo plazo.
 
En el documento la defensoría panameña dice estar preocupada por la cantidad de personas que llegan al puerto de Capurganá, en embarcaciones a su máxima capacidad, cada 30 minutos, en la espera de iniciar su recorrido hacia Panamá.
 
El informe fue emitido tras su participación en la gira internacional junto a las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Costa Rica, la Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos, organismos internacionales (OIM Panamá, UNICEF, ACNUR, PMA), Sub Director de Migración de Colombia, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cónsul y el embajador de Haití, entre otras.