La Defensoría del Pueblo de Panamá manifestó su profunda preocupación por la pérdida de casi dos semanas de clases a nivel nacional, advirtiendo que esta situación vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y genera serias consecuencias en su aprendizaje, equidad y bienestar.
Si bien la institución reconoce el derecho a la protesta, recuerda que la niñez y adolescencia debe ser una prioridad absoluta, por lo que urge el retorno seguro a las aulas en todo el país para no comprometer el futuro educativo de toda una generación.
En los últimos cinco años, la educación en Panamá ha sido severamente interrumpida. Según la UNESCO, el país perdió 211 días de clases durante la pandemia, y más de un mes en 2022, además de 42 días en 2023.
La Defensoría recuerda, en línea con UNICEF, que las escuelas deben ser los últimos espacios en cerrar y los primeros en abrir, ya que además de educación, brindan protección, alimentación y apoyo psicosocial esenciales para el desarrollo integral de la infancia.
