Desde la Defensoría del Pueblo compartimos el clamor de una sociedad que pide justicia y protección para nuestros niños, niñas, mujeres y otras personas, que han sido víctimas de delitos sexuales. Estos delitos constituyen crímenes aberrantes, frente a los cuales la respuesta del Estado debe ser efectiva, especialmente en los casos en los que la víctima es una persona que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
 
Frente a la iniciativa propuesta en la Asamblea Nacional, dirigida al establecimiento de la castración química y otras acciones vinculadas, compartimos las preocupaciones e interés de sus proponentes, y en este sentido, abogamos por un enfoque integral, que nos permita como Estado generar respuestas que aborden el problema y que realmente incidan en la reducción y erradicación de estos graves flagelos.
 
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera que una estrategia basada en la reducción de la libido sexual de ofensores y la inscripción de estas personas en un registro, se basa sólo en parte del problema y no toma en consideración otros elementos de estos actos, como: la utilización del poder contra una persona vulnerable, las acciones dirigidas a humillar o degradar a otra persona, la participación u omisión de otras personas vinculadas, entre diversos factores y esta medida no evitaría que se repitan las condiciones que propiciaron el acto.
 
Por otro lado, desde la perspectiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no podemos desconocer que el Estado Panameño es signatario de diversos instrumentos internacionales, en los que se prohíbe de forma taxativa la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.  En este sentido la castración química como sanción, ha sido considerada, por diversos organismos internacionales, como trato o pena cruel;, violatoria de la dignidad humana.
 
La Defensoría del Pueblo, hace un llamado a promover un análisis de estrategias dirigidas a responder integralmente al tema.  Para ello es imperativo que, desde el Estado, se genere un plan de prevención que impliquen acciones de educación, en especial educación sexual, así como acciones efectivas de protección de las personas que presentan mayor riesgo de sufrir estos ataques.
 
Igualmente, la Defensoría del Pueblo cree en la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia, que  garanticen investigaciones penales efectivas, que exista certeza de la sanción y que contemos con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar y resocializar, tal cual lo mandatan la Ley y la Constitución Política.
 
Es indispensable que como Estado prestemos especial atención a las víctimas de éstos delitos, su  recuperación depende de estrategias y acciones que les permitan acompañamiento, apoyo institucional, terapéutico y sobre todo protección.
 
La Defensoría del Pueblo reitera su disposición para la discusión e implementación de acciones que permitan cuidar y defender de forma efectiva los derechos de quienes más lo necesitan.