La Contraloría General de la República no suministró copia de los resultados de la auditoría de oficio que realiza en este momento la institución sobre contratos bajo la planilla 172 de la Asamblea Nacional solicitada por el ciudadano Freddy Pittí porque, el proceso no ha concluido y porque lo solicitado violaría la Ley de Transparencia vigente.

La comunicación fue notificada a las 10:30 de la mañana mediante resolución debidamente motivada en la que se le ilustra sobre las normas que infringe la petición presentada al desconocer los alcances del artículo 125 del Reglamento Interno de la Contraloría General, el artículo 70 de la ley 38 de julio de 2000 y el numeral 5 del artículo 1 de la ley 6 de 2002.

Según la normativa vigente, la información solicitada es de carácter confidencial, tal como lo dispone la Ley de Transparencia de 2020 en sus artículos 1, numeral 5, y el artículo 14. Además, está amparada por la ley 38 de julio de 2000.

De acuerdo a la Ley de Transparencia vigente, se entiende como información de carácter confidencial “la contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios” como lo preceptúa el numeral 5 del artículo 1 de la norma.

En cuanto a la solicitud de información sobre los servicios profesionales contratados por la Asamblea Nacional bajo la Planilla 172, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, la Contraloría redirigió la petición a la Asamblea Nacional pues los mismos son actos propios de este Órgano del Estado y es quien mantiene los originales bajo su custodia.

En la respuesta a lo solicitado se le aclaró que los contratos son remitidos a la Contraloría General de la República para ejercer el control previo y, una vez refrendados, se devuelven por lo que la Contraloría no mantiene documentación en archivo.