Por: Redacción www.nuevarevolucion.net
Lo de hoy en la Asamblea Nacional fue, una vez más, puro espectáculo. La diputada santegueña Janine Prado, en representación de la coalición Vamos, salió al ruedo con una propuesta que más parece un tiro al aire que una acción seria con resultados concretos. La Resolución presentada para emitir un voto de censura contra el Canciller Javier Martínez Acha es, en esencia, una jugada sin dientes, sin efectos reales, y con un solo objetivo: llamar la atención.
No se trata de desestimar la importancia de la fiscalización, sino de señalar lo obvio: lo que se hizo hoy no pasará de ser una sanción moral simbólica. Los expertos coinciden: sin una ley que la respalde como establece el artículo 161, numeral 7 de la Constitución, no hay consecuencias jurídicas. Y eso, la diputada Prado y sus asesores lo saben.
Citemos la norma claramente:
“Para que el voto de censura sea exequible se requiere que sea propuesto por escrito con seis días de anticipación… y aprobado con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea. La ley establecerá la sanción que corresponda.”
Nada de eso ocurrió. No hubo el procedimiento adecuado, ni mucho menos una ley que determine una sanción efectiva. Entonces, ¿cuál era el propósito? Protagonismo. Micrófono. Cámara. Nada más.
