La Defensoría del Pueblo y Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), llevaron a cabo una inspección “in situ” en la cárcel pública de Santiago, provincia de Veraguas, tras el deceso de un privado de libertad producto del Covid 19 y lo más de 100 casos de esta enfermedad que se han detectado en este centro.
La Defensora del Pueblo a.i., Maribel Coco de Garibaldi ha manifestado su preocupación ante el aumento de los casos de Covid 19 en los Centros Penitenciarios del país, por lo que ya ha solicitado a las máximas autoridades de Salud y de Seguridad Penitenciaria una reunión para abordar esta problemática.
Al llegar al área, los Oficiales de Derechos Humanos se reunieron con los familiares de los privados de libertad quienes tenían contemplado el cierre de la vía Panamericana para exigir respuestas por parte de las autoridades ante la crisis sanitaria que se vive en la cárcel de Santiago y las acciones que iban a tomar para controlar la misma, no obstante, la rápida y oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo logró apaciguar los ánimos.
Durante la inspección, las autoridades de salud explicaron al personal de la Defensoría del Pueblo y del MNPT la cantidad de casos positivos de Coronavirus que se han detectado en el penal, el proceso de clasificación y el tratamiento que se les daba a los mismos.
Además, se realizó un recorrido por las instalaciones donde se conversó con los privados de libertad quienes se quejaron del hacinamiento que existe en el lugar a pesar de los casos de Covid 19, además señalaron que las personas que reparten la comida han dado positivo de esta enfermedad.
“Estamos divididos en dos grupos lo que dieron positivos y son pacientes con enfermedades crónicas, ellos están en un mejor lugar más cómodo y amplio, pero los que tenemos el virus, pero no somos pacientes de riesgo nos tienen en un total hacinamiento”.
La Defensoría del Pueblo presentará un informe ante las autoridades correspondientes sobre las posibles fallas que se han detectado para que las mismas sean subsanadas para garantizar así el respeto a los derechos a la vida y salud de estos privados de libertad.
