Una vez más, Panamá tropieza con la misma piedra: la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción de frente. Resulta preocupante que una propuesta de Ley General Anticorrupción con 71 artículos diseñados para fortalecer las investigaciones y garantizar la certeza del castigo, haya sido descartada tras discutir —y rechazar— solo su primer artículo.
No se trata de un simple trámite legislativo, sino de una oportunidad perdida para modernizar el sistema de justicia penal y cerrar las brechas que hoy permiten que los corruptos salgan ilesos. La corrupción no se combate desde la comodidad del discurso, sino desde la acción firme de quienes tienen la potestad de aprobar leyes que protejan el interés público.
El procurador Luis Gómez, ha sido claro: el delito se sofistica, evoluciona y exige herramientas más robustas para ser enfrentado. Sin embargo, nuestro marco legal sigue siendo indulgente. La corrupción, delito insigne contra la administración pública, mantiene penas de apenas dos a cuatro años, lo que la convierte en una falta “no grave”. En consecuencia, muchos responsables evaden la cárcel con multas o trabajos comunitarios.
Más alarmante aún es la brevedad de los plazos de prescripción, que ha permitido el archivo de casos emblemáticos como Blue Apple y Odebrecht, donde millones de dólares públicos se diluyeron entre la impunidad y el olvido.
La propuesta rechazada buscaba precisamente duplicar los términos de prescripción y reforzar los mecanismos de investigación. No era una idea improvisada, sino una respuesta concreta a los vacíos que la corrupción ha aprovechado durante décadas.
Combatir la corrupción es una tarea de corresponsabilidad: de quienes denuncian, de quienes investigan, de quienes juzgan, y sobre todo, de quienes legislan. No basta con señalar culpables, hay que crear las reglas del juego que impidan que el delito quede sin castigo.
Panamá no puede seguir siendo el país donde los corruptos se jubilan tranquilos y los honestos cargan con la decepción. Si realmente queremos un Estado de derecho, la lucha anticorrupción debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una prioridad nacional.
Porque la impunidad no se combate con palabras: se combate con leyes, con decisión y con valentía.
