El abogado y analista Carlos D. Abadía Abad compartió este lunes un llamado a la reflexión nacional ante la posible derogación de la Ley 462, advirtiendo que dicha acción no solo tendría efectos financieros, sino también consecuencias profundas en la institucionalidad democrática del país.
Abadía recordó que esta ley fue discutida durante más de cinco meses en la Asamblea Nacional, respetando las exigencias ciudadanas de no aumentar la edad de jubilación ni privatizar la Caja de Seguro Social. “La Asamblea actuó de forma abierta y democrática. Desconocer ese proceso es desconocer el corazón de nuestro Estado de derecho”, puntualizó.
Entre las repercusiones concretas de una eventual derogación, destacó la pérdida de los $960 millones anuales que el Estado está obligado a aportar por ley, la eliminación de herramientas para mejorar el rendimiento de los fondos de la CSS y el retroceso en el funcionamiento eficiente de su Junta Directiva, lo cual afectaría incluso la compra de medicamentos.
Finalmente, Abadía instó a no actuar de forma visceral y a considerar con madurez el impacto institucional y social de decisiones precipitadas que podrían poner en riesgo la estabilidad democrática del país.
