Panamá ha sido testigo en menos de un año de dos procesos legislativos que marcaron al país: uno que generó protestas y fue declarado inconstitucional, y otro que reformó el sistema de seguridad social con un proceso más extenso y participativo. A continuación, una comparación reveladora entre el polémico contrato minero de 2023-2024 y la reforma a la Caja de Seguro Social aprobada en 2025.

El contrato minero: rapidez, controversia y rechazo

El contrato minero, que generó una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años, fue manejado con una celeridad que contrastó con la magnitud del tema. El 10 de octubre de 2024, el entonces presidente Laurentino Cortizo retiró el proyecto de la Asamblea Nacional, alegando la necesidad de revisión y ajustes. Seis días después, el Ejecutivo lo devolvía al legislativo, y en tan solo cuatro días, el proyecto fue aprobado en tercer debate y sancionado ese mismo 20 de octubre como Ley de la República.

La reacción no se hizo esperar. Las calles se llenaron de manifestantes. La Corte Suprema de Justicia entró en sesión permanente hasta declarar inconstitucional el contrato. Y cuando los ciudadanos impulsaron un referéndum para revocar la ley, el Tribunal Electoral rechazó organizarlo, argumentando falta de condiciones logísticas.

En resumen: en solo 10 días hábiles, el país pasó de un retiro legislativo a una ley sancionada, sin un proceso real de consulta ciudadana. El resultado fue una ruptura institucional y una respuesta social contundente.

La reforma a la CSS: más tiempo, más diálogo, más correcciones

En contraste, la Ley 462 de 2025, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, tuvo un proceso marcadamente distinto. El 6 de noviembre de 2024, ya bajo el gobierno de José Raúl Mulino, se presentó el Proyecto de Ley 163. A partir del 14 de noviembre, se abrió un proceso de consultas públicas donde participaron gremios, organizaciones sociales, expertos y ciudadanos comunes.

El debate en la Asamblea Nacional se extendió por 128 días. Durante ese periodo, el proyecto fue modificado sustancialmente. Uno de los puntos más delicados —el aumento en la edad de jubilación— fue eliminado en el legislativo, pese a haber sido propuesto por el Ejecutivo. Se estableció que ese tema podrá revisarse seis años después de entrada en vigor la ley. Asimismo, se incorporaron mecanismos de financiamiento público, como un aporte estatal anual de $966 millones para enfrentar el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte, y un aumento en el aporte patronal, no del trabajador.

Finalmente, el presidente Mulino sancionó la ley el 18 de marzo de 2025, cerrando un proceso largo, técnico y negociado.

Dos estilos legislativos, dos lecciones de democracia

La diferencia en el tratamiento de ambos proyectos es evidente: mientras el contrato minero se tramitó en tiempo récord y sin consultas reales, lo que derivó en un fallo de inconstitucionalidad, la reforma a la CSS, a pesar de las críticas, se abrió al escrutinio público, se modificó profundamente y tomó más de cuatro meses de deliberación parlamentaria.

La experiencia del contrato minero mostró lo que ocurre cuando se impone una ley sin consenso ni participación. La reforma de la CSS, por su parte, demuestra que aunque más lento y complejo, el camino del diálogo y el debate puede generar una norma más sólida y menos susceptible al rechazo ciudadano o judicial.

Ambos casos quedarán como ejemplos opuestos de cómo legislar en democracia: uno, como advertencia; el otro, como referencia. ¿Aprenderá el país de ambos? Esa es la pregunta que queda abierta.