Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la Asamblea Nacional, incluyendo pagos fantasmas a funcionarios sin funciones reales y la contratación de familiares dentro de distintas oficinas parlamentarias.
El documento detalla cómo se han desviado fondos públicos mediante contratos irregulares, nóminas infladas y nombramientos sin sustento, evidenciando prácticas clientelistas profundamente arraigadas en el órgano legislativo.
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran casos de personal que cobraba sin presentarse a laborar y relaciones de parentesco directo entre diputados y empleados contratados. La Contraloría ha exigido sanciones administrativas y legales, mientras organizaciones civiles claman por mayor transparencia y una profunda depuración del sistema.
Este nuevo escándalo vuelve a encender las alarmas sobre el manejo de recursos públicos en la Asamblea y pone en tela de juicio su credibilidad ante la ciudadanía.
