La historia de las naciones suele estar marcada por momentos decisivos que despiertan la conciencia colectiva y sacuden los cimientos del poder establecido. En Panamá, el tema de la negociación, contrato, presentación y aprobación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá ha sido el detonante de una crisis que está dejando cicatrices profundas en el tejido social del país.

A este conflicto se le añaden elementos que, lejos de apaciguar la situación, han avivado las llamas de la indignación. La estrategia del Gobierno Nacional y el PRD de “guardar silencio” frente a la creciente ira del pueblo ha exacerbado la tensión. El manejo incorrecto de esta crisis, cuyo origen se encuentra en la negociación del contrato minero, está enardeciendo al país a pasos agigantados.

El problema subyacente es que hemos venido acumulando un rechazo popular a lo largo de los años. La población ya no tolera que se roben miles de millones de dólares impunemente, que se utilice el parlacen para obtener impunidad o el fuero penal electoral para eludir la justicia. No acepta que la corrupción y el enriquecimiento a costa del erario público sean más importantes que la culminación de obras que beneficien a todos. El deterioro institucional se hace cada vez más evidente y profundo, y el pueblo no puede ignorarlo. Las desigualdades, las mentiras, la burla y el chantaje han colmado la paciencia de la ciudadanía.

Panamá ha sido testigo de gobiernos corruptos e indolentes que han minado la confianza en las instituciones. Las protestas que asistimos hoy son el resultado de un hartazgo social acumulado durante años. La población ha soportado en silencio, pero su paciencia tiene un límite.

Es imprescindible que, como ciudadanos, exijamos al Gobierno Nacional y al PRD una respuesta contundente a la crisis que enfrentamos. Su inacción y manejo deficiente de la situación han generado un descontento generalizado. Las consecuencias son palpables: pérdida de clases, empleos, citas médicas, escasez de productos esenciales y un clima de caos en las calles. Además, se ha permitido la entrada de grupos delincuenciales que buscan desestabilizar el país.

Es importante reconocer y aplaudir el valor de la juventud que lidera estas manifestaciones. Su energía y entusiasmo en la defensa de los valores democráticos y la justicia son dignos de respeto. Han desafiado los miedos y han abrazado la bandera de Panamá con valentía.

Estamos en un momento crítico en la historia de nuestro país. La crisis del contrato minero ha destapado una serie de problemas sistémicos que deben ser abordados de manera efectiva. La ciudadanía se ha pronunciado, y es responsabilidad del Gobierno Nacional y de los líderes políticos escuchar y tomar medidas concretas para restaurar la confianza y la estabilidad en Panamá. La llama de la protesta no se extinguirá hasta que se atiendan las legítimas demandas del pueblo panameño y se promueva un cambio real y significativo en nuestras instituciones y prácticas gubernamentales.