• Dentro del proceso penal seguido a exfuncionarios del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, y a personas que conformaban los jurados de conciencia, el juez segundo liquidador adjunto de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fernando Basurto García, dictó la sentencia mixta n.° 01 de fecha 11 de mayo, que declara penalmente responsables 18 acusados como autores del delito de corrupción de servidores públicos.
• En ese sentido, se les impuso la pena de 72 meses de prisión a ocho exfuncionarios judiciales, y a los otros 10 ciudadanos que integraron distintos jurados de conciencia se les sancionó con la pena de 45 meses de prisión.  
• Aunado a ello, el juzgador les impuso a los 18 sentenciados la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, una vez cumplida la pena principal.
• Por otro lado, en este mismo fallo, el juez Basurto García declaró no culpables de los cargos formulados en su contra a dos exfuncionarios, al considerar que no se logró probar que hayan realizado alguna conducta dolosa.
• Este fallo mixto está siendo notificado a todas las partes intervinientes.

Acuerdos de Pena

• En este mismo proceso penal, durante la audiencia celebrada el pasado 30 de marzo, otros cinco acusados se acogieron a un acuerdo de pena que fue validado por el juez de la causa, Fernando Basurto García.  
• Por ello, mediante diversas sentencias condenatorias de fechas 3 y 17 de abril, se condenó a cuatro de ellos a pagar la pena de 40 meses de prisión, y a uno de los acusados se le impuso la pena de 60 meses de prisión, todos como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos.  
• Asimismo, el juez ordenó la inhabilitación de los cinco sentenciados para ejercer funciones públicas por igual término que la pena principal. 
• Esta investigación se inició por una denuncia efectuada el 24 de agosto de 2015, por el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, en donde puso en conocimiento del Ministerio Público, de una organización compuesta por particulares y exfuncionarios del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que manipulaban expedientes y audiencias con jurado de conciencia.